En 2012, el Gobierno de La Rioja comenzó en Ezcaray las pruebas para extraer agua del acuífero Pradoluengo-Anguiano, conectado al río Oja. En 2026, los bombeos de extracción se realizan de manera regular. Agricultores y ganaderos de la zona llevan años alertando de que «los arroyos desaparecen».
Igualmente, en la actualidad el Oja se seca durante varios meses al año. Víctor Gómez-Escalonilla es hidrogeólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Explica que, en este tipo de ríos, si baja el nivel de agua del acuífero dejamos de ver el caudal.
Esto pasa porque la superficie está conectada con el agua subterránea. Así lo demostraron los estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y así lo explica Víctor: «Cuando comenzaron los ensayos, el río Oja perdía agua muy rápidamente. Cuantificaban cuánta de la que salía pertenecía a la superficie».
Sin embargo, esos estudios se realizaron en el año 2017, con el proyecto funcionando y sin intenciones de frenarlo. Fue en septiembre de 2012, sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), cuando se comprobó hasta dónde podía afectar la extracción de agua de este acuífero.
Hablamos de un proyecto al que cubre un silencio institucional. Contó con un presupuesto de 25 millones de euros, cargado de sobrecostes. Aun así, no se consigue el agua esperada, el proyecto afecta de manera directa en el ecosistema y la gestión del agua que se extrae es con una mentalidad empresarial.
En este reportaje vamos a contar cómo empezó este proyecto y por qué.
El proyecto y sus pruebas
El viernes, 7 de septiembre de 2012, Gerardo Hernando recibió una llamada de un amigo habitante de Ezcaray. Nos relata que esta persona estaba desolada. Había presenciado cómo el río desaparecía bajo sus pies en cuestión de minutos. Acto seguido, un grupo de personas acudieron al rescate de la fauna piscícola. Los peces se encontraban boqueando en charcas aisladas. Incontables ejemplares ya habían muerto.
En esa extracción, Ojacastro se había quedado sin agua de boca. Poco después, supieron que, lo sucedido, correspondía a las consecuencias de unas «pruebas» que el Gobierno de La Rioja estaba realizando. «Va más allá de Ezcaray. Aún conservo el bando de Santo Domingo donde se avisaba de que aquellos días iba a haber problemas con el suministro de agua». Cuatro personas, entre ellas Gerardo, acudieron al cuartel de la Guardia Civil a denunciar los hechos como delito contra el medio ambiente.
Los bombeos fueron realizados por Acuaes (entonces Acuaebro), sociedad estatal dependiente de la CHE. Todo era producto de un convenio firmado entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y esta empresa. Formaba parte del marco de las obras de abastecimiento de agua potable a distintos municipios de La Rioja (el sistema Oja-Tirón). La gestión del pozo correría a cargo del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
Para esta investigación —realizada en verano de 2024—, ni el Consorcio ni Acuaes quisieron hacer declaraciones; al igual que Íñigo Nagore (consejero de Medio Ambiente en 2012), Noemí Manzanos (actual consejera de Medio Ambiente), Diego Bengoa (alcalde, en 2012 y ahora, de Ezcaray) y el Partido Popular de La Rioja (partido de Gobierno, en 2012 y ahora).
Por su parte, la CHE admitió que la sanción anunciada por ella misma contra Acuaes no prosperó —tras contar con diversas alegaciones—. Del mismo modo, la sanción contra la misma empresa por parte del Gobierno de La Rioja prescribió sin ser pagada.
En aquel entonces, la presidenta de Acuaes era Aránzazu Vallejo Fernández —exvicepresidenta del Gobierno de La Rioja y exconsejera de Medio Ambiente.
Por eso, Jesús María García, portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Parlamento de La Rioja, sospecha. «Aránzazu Vallejo había legislado, había tenido poder. La situación era la que era. El proyecto lo realizaba el Gobierno de La Rioja, del Partido Popular; y las obras, Acuaes, cuya presidenta había pertenecido al mismo Gobierno». Asegura que, en otras ocasiones, se habían puesto multas más altas con menor índice de mortandad en la fauna.
Mientras tanto, la querella interpuesta por Gerardo Hernando y demás ciudadanos se archivaba pese al relato de la Guardia Civil que acreditaba un delito ecológico. El fiscal justificaba que «las conductas ejecutadas […] serán punibles sólo si se produce o pudiera producirse un perjuicio grave del ecosistema».
Con todo, el ambientólogo Rubén Llorente detalla las consecuencias de la desaparición temporal del cauce de un río: «Para empezar, la vida de los propios peces. También desaparece el hábitat de las riberas, se alteran las redes tróficas y se deja lugar a especies invasoras. Además, el agua que sí queda se hace más vulnerable a la contaminación».
Para realizar este reportaje, y en virtud de la ley 27/2006 por la que se regula el acceso a la información en materia de medio ambiente, se hizo una solicitud a la Consejería correspondiente. Se pidieron los expedientes relacionados con las consecuencias de aquellas pruebas de septiembre de 2012. La respuesta, con firma de José María Infante Olarte (Director General de Calidad Ambiental en 2012), fue que «no consta expediente».
Y es que, para la Consejería no había pasado nada. En 2016, diversos ayuntamientos recibieron una carta: La CHE había autorizado la puesta en marcha del proyecto (aún no se habían realizado estudios profesionales de impacto ambiental, que llegarían en 2017 y acreditarían la afección sobre el río).
Se habían invertido más de 25 millones de euros y el proyecto no podía echarse para atrás.
El porqué del proyecto
Jesús María García relata por qué el Gobierno decidió realizar ese proyecto. «La cuenca del Oja es una cuenca con muchos problemas en las redes internas de distribución del agua de boca. Así que se optó por un sistema que pudiera garantizar ese servicio durante todo el año».
Pero David Fernández, miembro de la organización ecologista Amigos de la Tierra, matiza: «Uno de los problemas de base es el exceso de nitratos que contamina los acuíferos de la mayoría de los pueblos». Con lo cual, dice, si esos acuíferos se saneasen, podrían seguir recurriendo a sus tomas y no tendrían que buscar agua. «Se emplean fertilizantes por emplear, sin analizar las necesidades del suelo o las posibilidades de cultivo en según qué zona». David incide en que un pilar fundamental sería frenar el aporte de nitratos que llegan al subsuelo en las zonas agrícolas.
No obstante, cuando comenzaron los bombeos regulares se instigó a adherirse a múltiples pueblos que no tenían necesidad. Poco después, la mayoría de ellos se desengancharon de esa toma, porque consideraban que las facturas que llegaban eran excesivas. Dos de esos ayuntamientos fueron Ojacastro y Santurde, que ahora han vuelto a coger agua de sus manantiales sin coste adicional.
Al parecer, como cuenta Jesús María García, «la obra tuvo unos grandes sobrecostes. No se sabía si la obra iba a ser rentable». Esto puede explicar la incitación, por parte del gobierno regional, a los ayuntamientos del mismo color político a adherirse a algo innecesario —y el precio que el Consorcio de Aguas le pone al agua.
Otro hecho relevante es que no salía el agua que esperaban. Por ello, hicieron más pozos. Funcionan dos de manera regular, uno de manera ocasional, y dos se encuentran inactivos. Está proyectada la activación de uno de estos últimos.
Aquellos polvos y estos lodos
Desde el inicio de los bombeos regulares el estiaje del Oja es más extremo y dura más meses. El agua que se llevan de Ezcaray riega jardines más al norte. Las restricciones de agua en pueblos como Ojacastro se suceden cada verano. La ganadería y la agricultura se ven directamente afectadas por la escasez de agua.
Sin embargo, el castigo al modo de vida en las zonas rurales es silencioso.
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