El colectivo siente que le toman por «privilegiado». Creen que es la razón por la que siempre parece quedar excluido en los acuerdos. Consideran, además, que todas sus peticiones han quedado diluidas «durante los últimos 23 años».
|La Rioja|
Esta semana ha concluido la convocatoria de cinco semanas de huelga en el gremio médico. Aseguran que cesan los paros en temporada estival por una cuestión de responsabilidad. No obstante, siguen denunciando que el ministerio no les escucha y que la consejería no se ha sentado a negociar con ellas y ellos. Por consiguiente, en otoño piensan retomar la huelga —esta vez, indefinida.
Reclaman al Gobierno de España un estatuto propio. Una ley básica que se adapte a sus condiciones y especificidades. De igual manera, que contenga una clasificación que perciban acorde a su formación y a su responsabilidad civil y penal. Pero, también, demandan una jornada de 35 horas, similar, dicen, al resto de personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, reclaman al Gobierno de La Rioja una mejora de sus condiciones laborales. Ello pasa por la contratación de personal para evitar jornadas laborales de hasta 48 horas; o por el reconocimiento de ciertos complementos económicos como el kilometraje y las noches.
Dependencia de las guardias
Cuentan cómo, debido a la falta de personal, llegan a hacer hasta ocho guardias al mes. De hecho, relatan la forma en que la propia precariedad del sistema les ha hecho dependientes de las guardias. Se han convertido en necesarias para poder complementar un sueldo base de unos 1.300 euros.
En consecuencia, vemos cómo una actividad en principio ideada —según el sindicato— para casos puntuales, para bajar listas de espera, puede haberse convertido en parte de un problema estructural. Es decir, no se contrata personal porque existe la figura de las guardias, pero ello precariza la condición laboral del personal y limita el desarrollo de sistema.
Por ende, solicitan al Gobierno de España nuevas personas como interlocutoras. El gremio médico no se siente interpelado por el anteproyecto de Estatuto porque, exponen, sienten que están excluidos del acuerdo.
Los gobiernos
El día 1 de junio, Mónica García, Ministra de Sanidad, se reunió con el Comité de Huelga. La reunión terminó sin acuerdo y con la ministra señalando a las comunidades como responsables de las condiciones laborales del personal médico. También acusó a los sindicatos que convocan las huelgas de ser «poco honestos» con el tratamiento de las mejoras y de las reivindicaciones.
Por su parte, la Consejería de Salud y Políticas Sociales, liderada por María Martín, descarga toda la responsabilidad en el ministerio. Le pide que ejerza «sus competencias» y que resuelva «el conflicto nacional abierto». Incide en que está «trabajando en mejoras» pese a no sentarse con las personas en huelga.
Así pues, de nuevo vemos cómo el reparto de competencias sirve a los gobiernos para cronificar algunos problemas y carencias de la ciudadanía. En medio, unas personas que intentan mejorar sus condiciones laborales.
Según han anunciado y reiteran, las movilizaciones se retomarán en septiembre.