El Sindicato de Vivienda atribuye la paralización a la presión popular y no a los decretos del Gobierno, y exige a las instituciones que asuman su responsabilidad.
|Logroño|
El desahucio de una madre con dos menores que llevaba una década viviendo de alquiler en un piso de Logroño ha sido aplazado. Así lo han comunicado Cristina Briongos y Hugo Sabanza, portavoces del Sindicato de Vivienda, que han querido dejar claro que la paralización no se debe a los recientes decretos del Gobierno, conocidos como «Decretos Maricarmen», aprobados tras el desahucio de una anciana de 87 años en Madrid, que ha desatado una ola de protestas en todo el país.
Desde el sindicato valoran negativamente esas medidas por su carácter parcelado y por la alta posibilidad de que la prórroga indefinida de los contratos salga adelante. Además, las consideran insuficientes. En su opinión, el aplazamiento ha sido posible en buena medida gracias a la presión popular organizada a través del propio sindicato.
Un aplazamiento, no una solución
Pese a la paralización, la familia tendrá que abandonar la casa. Los portavoces quisieron subrayarlo porque, a pesar de los posibles acuerdos, el panorama especulativo sobre la vivienda acaba empujando a inquilinos vulnerables a marcharse de sus barrios.
«Estamos en contacto con la compañera intentando negociar una alternativa habitacional», explicaron, y confían en llegar a un acuerdo en los próximos días. La alternativa llegará a través de Servicios Sociales, a quienes se ha vuelto a presentar el informe de vulnerabilidad de la afectada.
Críticas a las instituciones
Hugo Sabanza denunció que ha existido «violencia institucional»: a su juicio, no se puede tener a una persona cuatro meses con las maletas en la puerta. «Hay que organizarse y luchar», afirmó, ya que de otro modo el caso habría sido un «desahucio invisible».
Sabanza señaló además que ni el Ayuntamiento de Logroño ni el Gobierno de La Rioja han tenido papel alguno en el caso, y les pidió que «se pongan las pilas». Recordó que son muchas las familias que acaban perdiendo su casa y que buscarles una alternativa habitacional debe ser responsabilidad de las instituciones.
Cristina Briongos añadió que, «lejos de colgarse medallitas», las administraciones tendrían que haber intervenido mucho antes, teniendo en cuenta que la afectada llevaba cuatro años esperando una vivienda protegida.
El caso
Se trata de una madre con dos menores que vivía desde hacía diez años en un piso de alquiler cuyo propietario quería desahuciarla. En mayo se produjo un primer lanzamiento frustrado, en el que los juzgados no facilitaron información sobre su aplazamiento. En esta segunda ocasión, ha sido el informe de vulnerabilidad el que ha permitido paralizarlo.
La inquilina estaba al corriente de pago, como ocurre en «la mayoría de los casos» que terminan en desahucio. Desde el sindicato sospechan además que el casero podría destinar la vivienda a uso turístico: «Sabemos que este propietario tiene más viviendas, algunas destinadas a uso turístico», indicaron, y recordaron que se negó a negociar la renovación del contrato a su finalización.
Mantener la movilización
Los portavoces valoraron que el foco mediático se haya centrado en el problema de la vivienda y, en concreto, en el drama de los desahucios a raíz del caso de Maricarmen en Madrid, pero insistieron en que es igualmente importante mantener la organización y la presión en la calle.
Con ese objetivo, el sindicato ha convocado una asamblea abierta en el Parque Gallarza a las 19:00 horas de hoy día 30 y una manifestación mañana 1 de octubre a las 20:00 horas, con salida desde la antigua estación de autobuses, después de la asamblea convocada por el Foro Social.
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