|Fotografía de Mario Martija|
Tal y como publicó este medio, algunos taxis de la capital riojana estarían cobrando por encima del sistema de tarifas a las personas en silla de ruedas. Según el seguimiento que llevamos a cabo, las dinámicas seguirían ante la pasividad del Ayuntamiento.
|Logroño|
El 13 de abril de este año, La Crónica Riojana publicó en exclusiva una investigación que reflejaba estos presuntos abusos.
En el transcurso de las pesquisas, escribimos al Ayuntamiento de Logroño como responsable del servicio de taxis de la ciudad. Se le preguntó por hipotéticas inspecciones y controles sobre el ejercicio de los y las taxistas. No hubo respuesta hasta el día posterior a la publicación de la noticia. En esta respuesta, sin ninguna observación al respecto, descargaban la responsabilidad de denunciar en las personas afectadas.
Según ha podido saber este medio, Ángel Andrés, Concejal de Movilidad de Logroño, en una reunión con personas con movilidad reducida transmitió su preocupación y disposición. Pero, de igual manera, invitó a interponer demandas con pruebas de las presuntas prácticas irregulares.
Uno de los problemas a los que se enfrenta el colectivo afectado es su vulnerabilidad. El recurso de una denuncia mediante la prensa les proporciona anonimato, no así una denuncia frente a la policía. La solución que les ofrece el Ayuntamiento pasa por exponerse a ser fruto de represalias directas e indirectas.
Recordemos que, la investigación realizada por La Crónica Riojana, dilucidaba que taxistas con el vehículo adaptado tendrían una tarifa preestablecida fuera del sistema oficial de precios. Se trataría de un cobro no pactado de 15 euros por viaje para personas con movilidad reducida.
Pudimos detectar un mismo patrón: taxímetro desconectado y un precio fijo que se repite —en viajes de 3 km o en viajes de 5,5 km—. Precio que, ocasionalmente, varía al alza hasta los 17 euros. Según la página web de la central Unitaxi, la tarifa urbana oficial más alta está en 1,33 euros el kilómetro recorrido con una bajada de bandera de 2,76 euros.
Meses después de la denuncia de este medio, la dinámica seguiría siendo la misma. Algunos taxis continuarían cobrando fuera del sistema oficial de precios y el Ayuntamiento seguiría sin inspeccionar ni ofrecer alternativas seguras a las personas afectadas.
La situación, lejos de resolverse, se va enquistando. Mientras, las personas con movilidad reducida ven cómo las leyes que les amparan son ignoradas de manera sistémica. Se ven penalizadas quienes más dependen del servicio público, que les deja sin protección real.